Enfoque de género y no discriminación serán criterios para la adjudicación de fondos públicos a instituciones de educación superior

Descripción

A través de un conversatorio transmitido por Zoom, se dio inicio a la campaña para sensibilizar sobre los contenidos de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior.

En la instancia, organizada por las 18 universidades integrantes del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicó que al asumir esta administración no encontraron ninguna instancia de apoyo o incentivo a la implementación de la Ley 21.369, pero que se identificó una oportunidad en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES). “Para el año 2022 modificamos las bases de los fondos que se transfieren a las instituciones de educación superior, poniendo dentro de los requisitos aspectos como la no discriminación, la interseccionalidad y el enfoque de género, como criterios para poder adjudicarse parte de estos fondos públicos”.

Junto a lo anterior, la autoridad agregó que uno de los avances en esta materia fue la aplicación -en los años 2021 y 2022- de una encuesta de género a las instituciones de educación superior, que fue respondida por 97 de ellas. “Entre los principales resultados encontramos que las universidades cuentan en mayor medida con organismos centralizados que se dedican a las temáticas de igualdad de género, sobre todo las universidades estatales. Sin embargo, hay una brecha importante cuando hablamos de los centros de formación técnica estatal y los centros de formación técnica e institutos profesionales en general”.

Esta actividad se realizó en el contexto de la entrada en vigencia, durante septiembre, de la Ley Nº 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, como manera de impulsar un avance en las relaciones igualitarias de género y contar con ambientes seguros y libres para todas las personas de las comunidades universitarias.

La Ley Nº 21.369, publicada en septiembre de 2021, señala que todas las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de problemáticas, considerando además la protección y reparación a las víctimas. Se contempla que estas políticas incluyan tanto un modelo de prevención como un modelo de investigación y sanción, construidos de manera participativa.